Relato colombiano del Agua que no vuelve

En conmemoración del día mundial del saneamiento básico o día del retrete, se aplica en este relato, una narrativa que expone la actualidad colombiana respecto a este ámbito desde las aristas de su contexto e importancia; siendo el servicio de saneamiento una condición relacionada con el bienestar, la dignidad, la política y el desarrollo de los países.

Elaborado por: : Oscar D. Rojas, Líder Socioambiental AMBAR.
Edición: Juliana Caycedo, Dir. de Investigación en ONG RUMM.

La actividad humana relacionada con el consumo del agua, se puede resumir en suministro y saneamiento. La primera, refiere a etapas de extracción del recurso en estado crudo, su transmisión y almacenamiento, tratamientos de potabilización y, distribución a hogares; mientras la segunda comprende alcantarillado, colecta de aguas residuales y, tratamiento o mitigación de impactos. No obstante, la idea de percibir de estas capacidades como un ciclo benéfico para todo tipo de comunidades es todavía distante, debido a letargos y falta de integralidad en cobertura y calidad en materia de suministro y tecnologías de saneamiento (IWA; 2014).

En Colombia no se puede negar que agua abunda (véase «Somos agua: Escenarios regionales para la defensa del agua como derecho universal»). No obstante para el año 2016, 1.7 millones de colombianos (un poco más del 3 % de la población) no disponían de servicios básicos relacionados al agua en sus viviendas (ONU; 2016). Indicador que define la imposibilidad de obtener el recurso de fuentes superficiales de calidad favorable (consumible), abastecimiento continuo y con recorridos menores a 30 minutos para acceder al líquido. Esta situación es incoherente con el contexto hídrico colombiano, más cuando en este mismo marco, Libia (un país con una mayor extensión desértica) contaba para el mismo periodo con un 98.5% de cobertura en estos mismos servicios (ONU; 2016).

Por otra parte, la situación del saneamiento se asevera en nuestro país, en tanto se percibe que sin suministro no puede haber una condición mejorada para el saneamiento. En el 2016, más del 10% de los colombianos tuvieron condiciones desfavorables respecto al manejo de aguas residuales domésticas por falta de sistemas centralizados de conexión a alcantarillado, uso de baños comunitarios y letrinas no ventiladas, defecación en espacios abiertos y, el no mantenimiento de otras tecnologías de contacto (ONU; 2016). Adicionalmente a estas problemáticas, sólo el 10% del 48.2% de las municipalidades en el país, cuentan con procesos de tratamiento residuales en adecuado funcionamiento (Bernard, M; 2018).

Idealmente, la acción antrópica debería mitigarse lo suficiente como para no generar a través de los vertimientos por saneamiento, modificaciones graves a los cuerpos superficiales. Es decir que la apuesta de la relación cíclica está, en la no afectación irreversible de la capacidad de restauración del agua por vía propia. Así, por ejemplo los eventos relacionados con el saneamiento deberían evitar el desmejoramiento de fuentes de agua cruda.

Este ciclo (que se puede llamar idealmente integral) expone a Colombia como un escenario contraproducente del contexto actual del abastecimiento y saneamiento del agua, cuando se equipara con las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y la dignificación humana. Actualmente los vertimientos no tratados, generan impactos directos de dispersión de contaminantes sobre cuerpos de agua superficiales y subterránea. En la etapa de extracción de aguas crudas el fluido no se trata y se vierte en cuerpos de agua con poca capacidad restaurativa, enturbiando otros cuerpos hídricos con potencial de suministro; situación que infiere en trayectos más largos para la obtención del recurso, un abastecimiento malogrado por su baja calidad y una afectación directamente relacionada con la salud pública. Escenario conocido ya desde finales del siglo anterior (El Tiempo; 1998).

Si bien, el derecho al acceso del agua y a la dignidad hídrica están concebidas por la ONU desde el 2011 como un derecho universal (UNDH, OMS, ONUHABITAT; 2011); su importancia solo toma sentido al convertirse en un indicador del índice de Desarrollo Humano que abarca otros índices como el de la Felicidad (WHR), de la Inequidad (GINI) y de expectativa de vida. Este indicativo permite medir la capacidad de un país de ser acreedor de una mejor calidad académica (de formación de profesionales), sanitaria y económica de sus poblaciones; siendo éstas más felices, menos desiguales y más longevas.

El panorama de la política nacional, enfrenta reticencia a la observación y asesoramiento internacional respeto la implementación y optimización de políticas ambientales y de seguridad climática. Como Ingeniero Químico y Líder Socioambiental AMBAR, se me hace claro indicar que aunque la tendencia avanza (figura 1 y 2), este caminar lo realiza a paso pírrico. Reconocidos centros de conocimiento como la EAWAG – Sandec y SuSaNa (Sustainable Sanitation Alliance) sugieren para el cumplimiento del desarrollo de los objetivo de la agenda 2030 en materia de agua, un aporte integral y coordinado entre la política y la ciencia (IWA; 2014).

Hay una notoria abstinencia en la toma de acciones políticas al rechazar sin escrúpulos por un lado, el asesoramiento por parte del Banco Mundial con su Programa Country Policy and Institutional Assessment (o por sus siglas CPIA), el cual evalúa la fortaleza institucional y la ambición jurídica en materia fiscal, ambiental, social y otras (Banco Mundial; 2020); y de forma paralela, el acuerdo de Escazú (o su falta de ratificación), donde uno de los compromisos permite la evaluación, publicación de datos ambientales y promoción de políticas públicas que respondan a la actualidad ecosistémica de los países miembros (Zamora, D; 2021). Propuestas que han ayudado a que países como Nicaragua, Bolivia o Georgia, avanzar hasta un 10% en cobertura de aguas potables en estos últimos 10 años (UNESCO; 2019).

En materia de ciencia el Estado demuestra un gran desinterés. La inversión estatal no supera el 2% del PIB en Ciencia y Tecnología (UNESCO; 2019) y el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (perteneciente al Ministerio de Vivienda) no cuenta con registros disponibles sobre los avances logrados en los indicadores estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo, cuya meta está tratar al menos un 54% de las aguas residuales urbanas del país (Saver; 2021).

No parece notarse un precedente para que la actual tendencia mejore en nuestro país. Las conclusiones encierran escenarios en los que nuevamente se ven regenerados para la búsqueda de la dignidad hídrica en el campo y otros territorios menos productivos. La dignidad que nace en nuestros páramos y lagunas no se sabe dónde muere.

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